Somos legión los que estamos decepcionados con nuestros políticos. La sensación de que su objetivo es la perpetuación en el poder y el enriquecimiento propio, en vez del servicios a los ciudadanos es mayoritaria. Sus actuaciones se dirigen al engaño al votante, de memoria corta y mínimamente interesado en seguir con rigor el sistemático incumplimiento de sus promesas de feriante en cada proceso electoral. Como si se tratara de alocados adolescentes, en los años de bonanza se dedicaron a tirar el dinero en absurdos fastos, en inversiones inverosímiles cuya única utilidad creíble sería la del logro de opacas comisiones. AVEs con tres pasajeros, aeropuertos sin aviones o sin posibilidad de ser usados. La lista es interminable y todos, en nuestra Comunidad sabemos de numerosos ejemplos que, de haberse dado en el ámbito privado, hubieran provocado, si no el inmediato encarcelamiento de su responsable por estafa, al menos el despido fulminante y el oprobio social. Pero nuestros políticos, verdaderos enemigos públicos número uno de los españoles, no sólo no van a la cárcel, donde deberían estar, sino que con auténtica desfachatez siguen auto justificando lo injustificable, escudándose en su mantra: “los ciudadanos decidirán con su voto si están a favor o en contra en las próximas elecciones”.
Y, de pronto, la Defensora del Pueblo, Cava de Llano, nos sorprende a todos pidiendo en el Congreso que el despilfarro público sea delito. Sí, hasta ahora, despilfarrar nuestro dinero no constituía ni siquiera una falta. Nos lo arrebatan con una ferocidad fiscal implacable, pero nuestros gobernantes están autorizados a tirarlo a la basura como si fuera confeti, y así nos está yendo. Ese hecho, como ella dice con la verdad del barquero "escandaliza profundamente, y con razón, a los ciudadanos". Nuestros políticos, en vez de agachar la cabeza ante la evidencia de esa reflexión, se muestran asombrados –su cinismo no tiene límites- y los que dicen algo, como Montserrat Surroca de CIU, escupen: “más prudencia al hacer una afirmación con tanta rotundidad y con una categoría tan genérica y aportar datos”. Creo que nuestros políticos –enemigos públicos por sus hechos del pueblo- no tendrían que tener la poca vergüenza de discutir la verdad de sus despilfarros y exigir datos concretos que son vox populi, sino encargarse de que se tramite por vía de urgencia la inclusión en el Código Penal como reclama la Defensora del Pueblo, del despilfarro del dinero público –tuyo y mío- como delito.
El 15 M y Los indignados son sólo la punta del iceberg. Los ciudadanos estamos frustrados, defraudados y asqueados de que nuestros políticos se hayan convertido en “el gran problema” de nuestra democracia, en uno de los motivos principales de que la crisis se haya cebado con tan gran intensidad en nuestro país y queremos que, al igual que sucede en nuestro ámbito privado, el que despilfarre el dinero ajeno –que eso es el dinero público para los políticos- lo pague con la cárcel con el agravante de alarma social.
Pero las leyes las hacen los políticos, así que no nos podemos hacer ilusiones de que, por una vez, actúen con la decencia de un ciudadano normal. Sólo la presión de la calle, sólo cuando a cada uno de ellos le gritemos por la calle ¡Ladrón!, cuando al recoger a sus hijos del colegio les gritemos ¡Ladrón!, cuando nos los encontremos en su ámbito personal ¡Ladrón!, y así se avergüencen delante de sus seres queridos por su criminal actuación, lograremos que se enteren de que ya estamos hartos de que nos roben y tiren nuestro dinero a la basura.
