Admito que lo de la CAM no me pilló de nuevas; muchos sabíamos que rozaba la quiebra antes de la intervención, acumulando pérdidas de más de mil millones de euros en el primer semestre y con una morosidad del 20%. Negando la mayor, naturalmente, pues el mismísimo presidente de la caja garantizaba la buena salud de la entidad una semana antes de ser cabecera de telediario. Tuvo, incluso, narices de definirla como “un modelo para el sistema financiero español”. Así las cosas, una no puede evitar preguntarse si este señor, íntimo de Camps, dormirá a día de hoy en la cárcel, y qué hace el Banco de España para depurar- ¡seamos finos!- la gestión de los responsables-irresponsables de la CAM, que no fue sólo desastrosa, sino a buen seguro delictiva.
Lo que ha pasado con la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha ocurrido en muchas otras cajas, en empresas del sector público, en ayuntamientos y en comunidades autónomas (En Baleares, sin ir más lejos, nos han dejado en pelotas y endeudados hasta las cejas), y lo que ya no sabemos es si la situación es tal por incompetencia, negligencia, afán de lucro o desvergüenza pura y dura. Que se sepa, ni uno solo de esos políticos y banqueros han pagado nada por el tremendo daño que han causado, pero sí tenemos constancia que muchos gerentes de las cajas se han ido de veraneo tras cobrar indemnizaciones millonarias. Ojalá todo esto sirviese de lección para evitar errores venideros… pero no, no es así. Las cajas han vuelto a colocar a políticos y lobbistas en sus consejos, con sueldos y primas aún más elevadas que las de sus predecesores. Del mismo modo, nadie parece pedir cuentas a los políticos que se saltaron los presupuestos a la torera y ocultaron el déficit, confiando en que la bomba de relojería les estallase a sus sucesores. Y esto ya roza la mala baba, la desfachatez y el latrocinio. No me extraña que la defensora del pueblo se haya puesto el mundo por montera y haya demandado al Ministerio de Justicia que se empiece a contemplar como delito el despilfarro de dinero público, algo que debíamos haber propuesto y aprobado hace años, cuando comenzó el saqueo y el pseudoargumento del “y tú más” formó parte del juego dialéctico cotidiano.
El problema que deriva de todo esto es cómo hacer que la gente asuma nuevos sacrificios cuando la minoría que ha causado el problema no sólo se ha ido de rositas, sino que se ha visto recompensada por su incompetencia o su falta de escrúpulos. Antes de pedirnos nuevos sacrificios, que castiguen estos desmanes. Y luego hablaremos de apretarnos el cinturón y de levantar el país con el sudor de nuestras frentes. ¿No?
¡Ah! Y que no nos vuelvan a torear con la expresión "suspendido de empleo pero no de sueldo". Nos suena a vacaciones pagadas. A tomadura de pelo. A caradurismo. ¿Verdad, señora Dolores Amorós?
