Nuestros políticos, tan proclives a decidir por nosotros qué es lo que debemos o no hacer y pensar –no fumar, sí abortar, etcétera- y, con esa actitud de maestro franquista, castigar a quien no hace o no piensa lo que ellos consideran en cada momento, están llegando a unos extremos en los que el Estado de Derecho queda reducido a mera palabrería de feriante y España se está convirtiendo en un auténtico Estado Policial, lo que comienza a despertar la necesidad de una Revolución en quienes pensamos que la Libertad no es la libertad que los políticastros deciden en cada legislatura. Como dice un conocido mío, estamos al borde de la equiparación con Suiza, donde lo que no está prohibido, es obligatorio.
Ya traté en el pasado mi preocupación sobre el efecto de las cámaras de seguridad tienen ya sobre nuestra Libertad. En nuestras capitales, carreteras, pueblos y, dentro de poco, aldeas, cada doscientos metros, o menos, una cámara nos graba. No dudéis que, amparándose en alguna alarma social –atentado, enfermedad,…- de esas que periódicamente arrojan sobre nosotros apoyados por los, hoy domesticados, medios, acabarán imponiendo algún software como el de las compañías de seguridad, tipo Trablisa, de tal modo, que nuestro Ministerio del Interior, o su turbio brazo paramilitar, el CESID, tendrá acceso en tiempo real a ellas.
Sólo faltará usar el nuevo chip de los DNI’s para saber en cada momento dónde estamos cada uno de nosotros y podernos vigilar hasta dentro de casa. Aún recuerdo cómo ya hace más de diez años, la cámara de control de tráfico que instalaron frente al cuarto piso donde yo vivía, de tanto en cuanto, enfocaba directamente a mi vivienda.
Pero no se trata sólo de eso. El asunto es mucho más alarmante, pues el uso gubernamental absolutamente descarado de la fiscalía, y el evidente alineamiento de los jueces a un bando político o a otro, con sus cuotas por partido en el Supremo, han destrozado la independencia del poder judicial y, desde hace unos años, estamos viendo cómo el sistema de garantías jurídicas de los ciudadanos está siendo abolido con el sospechoso mutismo del Cuarto Poder. De hecho, los indicadores internacionales sobre la Justicia española están por debajo de Togo y Nepal, según el periódico ADN de 28-10-09.
En la autonomía donde resido, la erradicación de garantías, e incluso de la presunción de inocencia, es evidente. La fiscalía, acompañada siempre de la coercitiva Agencia Tributaria, ya ha entrado en varios despachos de abogados y asesores fiscales –siempre acompañados de una cohorte de periodistas, a los que posteriormente filtran, de modo interesado, parte de la información obtenida, a fin de promover el linchamiento mediático correspondiente-. Aunque amparados por una orden judicial que limita su actuación a recabar información concreta, abusan de ello, y desde de su posición de poder –o colaboras o sales de aquí esposado para escarnio en la prensa-, se llevan con ellos numerosa documentación que nada tiene que ver con la orden judicial. Véase el caso de Ana Torroja, quien sufre en estos momentos las consecuencias de esa obtención ilegal de documentación por parte de los organismos públicos.
Por si no fuera poco este hecho inédito de entrar a saco en los despachos de los abogados –reventando incluso las cajas fuertes-, Garzón ha cruzado la última frontera: grabar a un imputado cuando, ejerciendo su derecho constitucional básico de defensa, conversa con su abogado. Puede que a quienes creen ilusoriamente en las bondades de algún partido político, les parezca bien en este caso, ya que afecta al partido contrario. Pero no nos engañemos. Este hecho inaudito significa que ya no hay ningún derecho constitucional que nos ampare frente al Estado y como éste decida que TÚ eres su enemigo, da TU vida por acabada.
En fechas recientes, y como mero empleado, he podido vivir en primera mano estos abusos de los que os hablo, a través del último y falaz truco del poder: las diligencias secretas. Bajo esta difusa frase se esconde una nueva prueba demostración de nuestra indefensión. Como no se dice porqué se investiga, se revisa absolutamente toda la documentación de la vivienda, oficina o lugar al que se decida registrar, tenga que ver con la orden judicial o no. He podido escuchar la frase: “Es que aunque ponga que es personal o de otra empresa, podría haber algo que sí tuviera que ver”. Hasta ahí, incluso podría entrar dentro de lo comprensible, pero cuando ves que se requisa información de forma masiva -todos los documentos Word, todos los Excel, todo el correo electrónico-, te das cuenta de que es un abuso de poder. Al día siguiente, sin embargo, ves que, en prensa, aparecen torticeramente distorsionadas, incluso las conversaciones que se han mantenido con un fiscal y un empleado de la Agencia Tributaria. ¿Secreto de qué? Es un claro abuso de poder. Queridos lectores, a mí como empleado, me han copiado y se han llevado grabados hasta los artículos de esta revista, mis emails personales, las claves de mis cuentas bancarias... Y lo que es más sangrante aún, si cabe. Ni siquiera tienes derecho a una copia del documento donde han apuntado toda la documentación que se llevan, aunque te hacen firmar dicho documento sin poder siquiera leerlo. Como está bajo secreto del sumario…
Hasta que no nos toca de cerca, no somos palmariamente conscientes de lo que está pasando. España se ha convertido en un Estado Policial, sin derechos para los ciudadanos, sin Libertad real y, o tomamos las calles como en los setenta, o vamos a vivir en una prisión dirigida por unos políticos que llevan treinta años de ¿democracia? demostrando que lo único que les interesa es enriquecerse ellos mismos. Cuanto más tardemos en revelarnos contra esta espiral de abuso de control, más sangre costará en las calles recuperar nuestros derechos. Sólo falta la “soma” para constatar definitivamente que, con 25 años de retraso, el 1984 de Orwell ya está aquí.
