Menores ante la Ley
Cristina Casaoliva
La necesidad de reformar la ley del menor lleva en debate desde hace muchísimo tiempo pero de ella sabemos muy poco y las preguntas sin respuesta son muchas.
El pasado 20 de abril coincidiendo con el triste 16 aniversario de la matanza de Columbine en Colorado, donde dos estudiantes menores de edad mataron a 13 personas, hirieron a 24 y protagonizaron una de las mayores matanzas llevadas a cabo en un Centro de secundaria en Estados Unidos, un estudiante de 13 años mataba en el Instituto Joan Fuster de Barcelona a un profesor y hería a otras cuatro personas.
Podríamos hablar de otros casos lamentables y recientes, en este país como en otros. Desde la tragedia de Columbine, quizá el drama de esta índole con mayor repercusión mediática se han hecho propuestas, elevado protestas, celebrado reuniones, retransmitido debates. Hemos escuchado discursos y opiniones diversas y sin embargo seguimos en un punto muerto, con la opinión pública divida, llenos de dudas y temores que se me antojan razonables dado la reiteración de este tipo de hechos violentos.
El título preliminar de la ley del menor delimita las exigencias que pueden pedirse a las personas mayores de 14 años y menores de 18. Según la ley del menor por tanto el alumno de 13 años del reciente asesinato en el Instituto Joan Fuster no puede ser detenido ni imputado. En los casos de menores la ley defiende la necesidad de reeducar sin estigmatizar, de limitar al máximo los casos de internamiento en pro de pagar su deuda con trabajo social. Son numerosas las voces que tildan la ley de blanda.
A mí me obsesionan los porqués, como llega un adolescente a cometer actos violentos, que lo lleva a la agresión, al homicidio. Deberíamos plantearnos la necesidad de que en todas las escuelas ya sean públicas, concertadas o privadas hubiera un equipo de psicólogos y pedagogos. Que mantengan una relación cercana a los alumnos, los guíen en la medida que les sea posible y apliquemos la olvidada ley de la prevención. Cuántos de estos casos trágicos se hubieran podido evitar es algo que no llegaremos a saber.
Cuando tienes conocimiento de homicidios violentos, absortos en el horror pensamos en el castigo, en hechos imputables. Los hechos resultan más escalofriantes si el agresor en cuestión tiene 13 y sinceramente tratándose de menores me cuesta pensar en aplicar la ley penal para adultos. Está claro que raramente la prisión rehabilita.
Hasta que punto un menor es responsable de todos sus actos y consciente de la magnitud de los mismos y de sus repercusiones. Deberíamos preguntar a un profesional si estos jóvenes tienen posibilidades de recuperación o si el crimen violento, si el asesinato es una línea que una vez la cruzas no tiene vuelta atrás.
No quiero olvidar el derecho de sus víctimas, de sus familiares a ver como se castiga al culpable. A la necesidad de sentir que se ha hecho justicia.
Por todo ello, por doloroso y complejo, por trágico y real creo que la inversión más grande debería de hacerse en prevención. En educación, en seguimiento. En vías de comunicación con los jóvenes, con los niños de ahora que son los próximos adolescentes. En cuidar los contenidos a los que les damos acceso, apoyar los hogares en los que crecen. En ofrecer recursos.
Invertir en métodos de detección, en limitar el acceso a armas, a webs de índole violenta. En formación, en tratamientos.
En cualquiera de los casos nos falta información, sobre las posibilidades de rehabilitación, sobre el detonante, sobre los casos previos y su evolución, sobre el entorno en que un joven se convierte en un agresor, homicida y/o suicida. Datos sobre la repercusión de la reforma de ley que propone el PP. Información sobre el asesoramiento profesional que reciben los alumnos en los centros y sobre posibles métodos de detección. Datos sobre posibles indicios en los casos vistos.
Necesitamos que los estudiantes, los adolescentes, los jóvenes en general, recuperen algo de la inocencia perdida, necesitamos alejar el horror de nuestras retinas y de nuestra memoria.
