La LOMCE , Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, más comúnmente conocida como ley Wert, sale adelante, desoyendo el clamor popular, la frontal oposición de la comunidad educativa, el rechazo de las asociaciones de padres, el descontento de los alumnos, las críticas del resto de partidos y la tajante negativa de las comunidades autónomas.
La implantación de esta perjudicial ley que se nos impone, pretende implantarse a lo largo de los próximos tres años, con un coste calculado para el primer año de 22 millones, durante el segundo de 130 y de 255 el tercer año, a pesar de que se cuenta con un importante cofinanciamiento por parte del Fondo Social Europeo.
Escribo este artículo desde el estupor, la rabia que produce la impotencia y una indignación que empieza a ser perenne desde que el partido popular, claro heredero del fascismo más rancio y sus integrantes descendientes ideológicos del franquismo, dictatoriales, clasistas y carentes de sentido de humanidad, tomaron las riendas del poder por votación popular.
En un país falto de opciones políticas, el PP recibió un inmerecido premio, fruto del descontento por las nefastas actuaciones de una izquierda, que insiste en desaprovechar una tras otra las oportunidades que se le otorgan para reconducir el país y restaurar su maltrecha imagen.
Como ciudadana, que se implante de manera forzosa una ley que según todos los expertos de la comunidad educativa agrandara el porcentaje de fracaso escolar y generará desigualdades sociales imposibles de salvar, me parece un despropósito. Como madre que se adentra en el sistema educativo y ve a sus retoños sumergirse en él, me preocupa enormente la imposición de un sistema discriminatorio y partidista , propio de un régimen dictatorial.
Finalmente como catalana, me parece intolerable este continuo y abusivo ataque a nuestra lengua y nuestra cultura, este sentirse ofendido de continuo por todo lo que suene a catalán o tenga que ver con Catalunya, insufrible las constantes mentiras sobre nuestras costumbres lingüísticas o de otra índole que se publican y se difunden.
La actitud del ejecutivo respecto a Catalunya rezuma anticatalanismo, del mismo modo que el nazismo rezumaba antisemitismo.
Wert, con el apoyo de su partido, debe pensar que cualquier ciudadano residente en tierra catalana, debe sentirse ofendido ante la idea de que a sus hijos se les enseñe nuestra lengua y por tanto ha de exigir el pago de una escuela privada para sus hijos, para que aprendan en castellano, ajenos a la realidad que les rodea y puedan si acaso olvidar que tienen la mala suerte de vivir en Catalunya y con algo de suerte, descatalanizarla un poco o tal vez debería decir españolizarla, aunque no quede claro que implica dicho concepto, si es manifiesto que el españolizar a nuestros niños empieza por eliminar un idioma, no uno al azar ,sino en concreto el catalán, que a ellos debe sonarles a idioma judeo masónico y sólo con oír una estrofa les sale un sarpullido.
El coste de esta medida se calcula en unos 5 millones de euros para un millar de niños, a pagar eso sí por el ejecutivo catalán.
En su continuo intento por hacer una regresión en el tiempo, imagino que retroceder a la época anterior a los derechos humanos, a la vigencia de los derechos de los trabajadores, aquella en que la palabra igualdad se refería sólo a los barones blancos y ricos, el PP, propone subvencionar a las escuelas privadas que ejerzan discriminación y segregación por sexos y separen a los niños de las niñas, para empezar a desmitificar eso de la igualdad y la paridad.
Esta ley que roza el absurdo es claramente predemocrática, como ya la han calificado desde diversos ejecutivos, hiere de gravedad el autogobierno, con la finalidad de la recentralización, claramente anhelada por ciertos poderes fácticos y propone una visión única, limitada y nada plural de España.
El pasado mes de mayo miles de personas se manifestaron por todo el país en contra de la ley Wert, en contra de la LOMCE, alumnos, padres y profesores de todas partes unidos contra los recortes, las injusticias, las discriminaciones y las desigualdades que esta ley impone, sin acabar con ello en ningún momento con las altas tasas de fracaso y abandono escolar, sino más bien favoreciendo un acceso limitado a la enseñanza universitaria, bajo el lema oculto de “mucha mano de obra y pocos licenciados”. El seguimiento de las manifestaciones contra la ley se calcularon entre el 70 y el 75%. En las escuelas concertadas hubo un seguimiento de un exitoso 25%, a pesar de que el ejecutivo insistiera en reducir la cifra global de seguimiento a un 20%, desmentida por todos los órganos presentes y por la prensa que siguió la evolución de la jornada.
Serían muchos los puntos a tratar, los despropósitos desmoralizadores que comentar, una larguísima lista que constriñe el espíritu.
El ambiente opresivo se vuelve asfixiante, la sociedad desolada, pasa de la desazón a la justificada ira y cada día nos hallamos más cerca de una sublevación. Resuenan gritos indignados, llantos inconsolables, por doquier se comenten injusticias bajo el amparo del gobierno, las familias son diezmadas, los derechos laborales y civiles vilipendiados, los trabajadores y trabajadoras de este país ignorados, los enfermos desatendidos, las deudas siguen impagadas, los damnificados continúan sin recibir compensaciones ni disculpas. La imagen internacional empeora junto a la deuda externa, las arcas siguen vacías sólo para los propósitos sociales o las ayudas. Ahora no sólo recortan nuestra actualidad y nuestra libertad, sino que persiguen y limitan el futuro de nuestros hijos y el acceso a la cultura.
Es definitivamente la gota que colma el vaso.
Estamos a un paso de la revuelta social, brutal, temible, a caso necesaria.
