Apelar al abuelo fusilado en 1936, como se está haciendo, para desacatar una sentencia de 2012 que condena a un juez que conscientemente ha violado el derecho a la defensa de los acusados es, sencillamente, un disparate, pero sobre todo una enorme falta de respeto hacia quienes murieron hace 80 años por defender el estado de derecho. La reciente sentencia del Supremo contra el ya exjuez Garzón es impecable, pero algunos salieron anteayer a manifestarse contra ella sin siquiera haber leído un resumen, aunque -eso sí- con la bandera republicana a cuestas. ¿Qué clase de circo bananero es España? Durante demasiados años nos hemos acostumbrado a ser frívolos e irresponsables en nuestras conductas y opiniones, porque este era uno de los modelos de prestigio social imperantes (véanse, si no, un par de películas de Almodóvar), pero si queremos juzgar una sentencia judicial hace falta, primero, tener sensatez y conocimientos para entenderla; segundo, haberla leído; y tercero, haber reflexionado sin prejuicios irracionales.
La intervención judicial de conversaciones de presuntos delincuentes es un instrumento que el juez ordena cuando lo estima conveniente a fin de impedir sus crímenes; pero no estamos hablando de eso, sino de escuchar las conversaciones entre un acusado y su abogado. No se trata de investigar un delito, sino de espiar la estrategia de defensa de un reo en un proceso ya iniciado. Esto en nuestro ordenamiento jurídico sólo se permite en el caso del terrorismo, de manera muy excepcional y restrictiva, y aun así es una excepción de dudosa constitucionalidad porque, como principio procesal elemental, entendemos que espiar al abogado de un acusado socava el derecho a la defensa de éste. A Baltasar Garzón se lo ha condenado por pasar por encima de un derecho fundamental.
¿En serio a los que protestan por la condena de Garzón no les importaría que un juez conociese sus conversaciones con sus abogados preparando su defensa en un juicio? Imaginemos que a Pilar Bardem, por inocente ejemplo, la procesaran un día por algún delito y el juez encargado del caso usara contra ella escuchas ilegales de sus conversaciones con su abogado. ¿Alguien duda que Cayo Lara, el exjuez Garzón y demás estrellas de la izquierda de salón saldrían a la calle con las pancartas y las banderas republicanas a cuestas y calificarían al magistrado de franquista?
La clave de todo es que el fin no justifica los medios. El caso Garzón no tiene nada que ver con las fosas de los abuelos republicanos, ni con los presuntos delitos de los dirigentes valencianos del PP, ni con Franco, ni con los Reyes Católicos. Tiene que ver con el derecho a una defensa justa. La actuación de Garzón en el caso Gürtel es característica de un estado como el franquista, y por eso se lo ha condenado. Y se lo condena ejemplarmente porque no hay peor delincuente que un juez delincuente. Si quedan libres los (presuntos) facinerosos de Gürtel será precisamente porque Garzón actuó contra las normas y dinamitó el proceso.
Cualquier otro argumento está fuera de lugar cuando estamos hablando de un señor que ha violado un derecho fundamental desde el estrado del juez. Si juzgamos con rigor y nos atenemos a lo juzgado, Garzón es culpable de un delito de prevaricación. Nadie que defienda que un juez puede prevaricar si con ello puede meterle mano a los malos puede darnos lecciones de democracia. Porque, en derecho, la verdad la dicta una sentencia firme y hasta ese momento la protección de la defensa de un acusado es sagrada y no hay buenos ni malos.
Y, efectivamente, como dicen los detractores de la sentencia, este estado de derecho es muy mejorable. Hace falta despolitizar la Justicia, hace falta dotarla de medios y hacen falta muchas otras cosas en las que seguiremos insistiendo; pero sobre todo hace falta que a un juez no se le permita prevaricar impunemente y que dejemos de juzgar las sentencias con criterios folclóricos. La condena de Garzón, pese a todos sus méritos pasados en la lucha contra ETA, contra el GAL y en otros ámbitos, es un triunfo del estado de derecho. Tenemos que tener muy claro que ni los héroes ni los santos están por encima de la ley en democracia.
