Estas últimas semanas ha saltado a la palestra, como ocurre con cierta periodicidad, el asunto de la prostitución. Especialmente, la que se ejerce en la calle, sin tapujos ni vergüenza, para ofensa de niños y personas” bien pensantes”. Parece mentira que aún estemos con estos debates tras cuatro mil años de desarrollo profesional. Y es que sigue la hipócrita política de “ojos que no ven, corazón que no siente”. Jamás un gobierno ha podido erradicar dicha profesión y, de hecho, el Estado ha hecho uso de ellas –hoy también ellos- cuando lo ha necesitado. En la Sevilla de la conquista de América, hubo una ordenanza perfectamente reglamentada para evitar los males mayores a las mujeres “de bien” ante la masiva llegada de aventureros. De ahí surgen las izas, rabizas y colipoterras. Todos los ejércitos las han incluido en sus campañas, como hizo el bárbaro Jaime I el conquistador, quien incluso las hizo bendecir antes de acometer la conquista de Mallorca, por lo que se las denominó “las cuarenta putas sagradas”.
Seamos claros: la evidencia sociológica demuestra que las rameras son una necesidad social. Es cierto que muchas son forzadas, de modo fundamental, por la necesidad, pero la humanidad no puede vivir sin ellas. Lo interesante sería decir en voz alta el porqué son necesarias, aunque suene muy feo. Además de la evidente necesidad instintiva del hombre de fecundar tantas hembras como pueda, a fin de perpetuar sus genes, está claro que hay motivos más vergonzosos: el vicio de un lado, la casi imposibilidad a largo plazo de mantener una vida sexual interesante dentro de la pareja en el otro. A la sociedad, basada en la estabilidad de las parejas, le sonroja la constatación de que esa estabilidad, en el fondo, es una falacia, como lo demuestran la eterna existencia de la prostitución. Aparte de la cada vez más abundante prostitución masculina, es sobre la femenina de la que se tienen más datos: Uno de cada tres españoles recurre a ella con asiduidad y en el resto del mundo civilizado no creo que las cifras sean mucho menores.
Por fin un partido político –Esquerra Republicana de Cataluña- afrontó con valentía el asunto y propuso en el Congreso el pasado 22 de septiembre la regulación de la prostitución, pero, quitando a UPyD que coincidió esencialmente con la moción, el resto 329 –frente a los 5 valientes que lo apoyaron- lo rechazaron de pleno. ¡Qué vergüenza! Sólo se producen esas cuasi unanimidades cuando sus señorías aprueban subirse los sueldos. Se ventilaron el asunto, como si fuera tan sencillo, en una única sesión, como si les diera asco hablar sobre esos temas tan poco dignos para sus señorías. Imagino nuestr@s diputad@s, al pensar en que si lo regulan, l@s prostitut@s harán facturas y que muchos de ell@s aparecerían en ellas, con la publicidad que eso supone, les pondría los pelos como escarpias. Eso sí, la otra prostitución, la de la pornografía cinematográfica, está perfectamente regulada como podemos ver en cualquier quiosco y videoclub. Supongo que la SGAE sigue las descargas por internet con auténtico interés de buitre. ¿Por qué esa absurda diferencia? ¿Es que acaso eso no es prostitución? Y no es que sea más limpia. Todos recordamos el caso de Tracy Lords, haciendo películas pornográficas con dieciséis años. ¿Qué diferencia ven nuestr@s diputad@s y gobernantes? Me recuerda la reconvención infantil que nos decían de pequeños: eso se mira pero no se toca.
Está claro que la prostitución va a seguir existiendo y centrar el debate en que simplemente no se exhiba ante los demás es farisaico. Debemos dignificar el trabajo de l@s prostitut@s y regularl@s como lo que son: unos trabajadores más; en muchos casos, cumpliendo una necesidad social. Ejemplar caso es el de Holanda, donde la seguridad social las sufraga para aquellos casos de personas con graves dificultades para poder acceder a una relación sexual con normalidad, como parapléjicos. El no hacerlo de un modo honesto es lo que genera la parte oscura del oficio: proxenetas, trata de blancas, violaciones, etc. Deben tener derechos y obligaciones como los demás trabajadores. El que la sociedad asuma como un trabajador social a esas mujeres y hombres tendría efectos sumamente beneficiosos. Ell@s tendrían acceso a la seguridad social, al paro, al retiro y, al igual que pasa con los inmigrantes ilegales, su contratación fuera del orden social, como es el caso de las mujeres forzadas a ello, tendría muy graves consecuencias no sólo legales, sino también económicas, y sería mucho más fácil de detectar. La propia desregulación de la profesión es la que permite todos esos desmanes, pues ni siquiera los jueces tienen una base jurídica clara para atajalos.
De otro lado, pasarían a ser solidari@s con los demás ciudadanos a través de los impuestos. La cifra de prostitut@s en España oscila, según unos y otros, entre 100.000 y 400.000; lo que da idea del descontrol que se tiene sobre ell@s. También, según las estadísticas, se afirma que l@s español@s gastamos la friolera de 50 millones de euros ¡al día! en el sexo de pago. Dando por buena la cifra media de 250.000 personas dedicadas a este negocio, si se dieran de alta como autónomos, pagando el mínimo (249,18€/mes), supondría al Estado una recaudación de 747 millones de Euros. Si la cifra de los 50 millones es cierta, si esos ingresos se declaran y tuvieran un tipo medio de gravamen del 25%, supondrían en impuestos 4.562 millones de euros al año. Los 15000 que el gobierno quiere recaudar “a la desesperada” suponen los impuestos que se recaudarían por este concepto en sólo tres años. ¡Adiós a la puta crisis! Y no nos olvidemos de que el efecto multiplicador de ese dinero negro es culpable en gran parte de que el 9% de todo el PIB de este país se genere en negro.
Concluyendo, dejémonos de fariseísmos y regulemos con seriedad esta honrosa, y sociológicamente tan necesaria, profesión. De ello sólo se pueden obtener beneficios para quienes la ejercen, para quienes hacen uso de ella, y para los ciudadanos en general, tanto en lo económico como en lo sanitario, como en lo moral.
